Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y administraciones públicas se basan en unos criterios sobre qué es correcto o incorrecto. La ética pública analiza esos criterios para ver cómo conseguir que las regulaciones, políticas y prácticas públicas contribuyan al bien común, a través de una justicia social e integradora de la diversidad.
Hoy en día la Ética pública no se centra sólo en la integridad de los servidores públicos, representantes políticos e institucionales, funcionarios…sino que analiza la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de estas personas. Incluye también al sector privado.
Por ejemplo, la corrupción afecta a representantes públicos o funcionarios pero no se puede analizar al margen de la acción de empresas privadas.
Hay además organizaciones privadas que tienen capacidad de influir en las decisiones del sector público, promoviendo cambios en sus políticas, como las ongs o las universidades.