Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y administraciones públicas se basan en unos criterios sobre qué es correcto o incorrecto. La ética pública analiza esos criterios para ver cómo conseguir que las regulaciones, políticas y prácticas públicas contribuyan al bien común, a través de una justicia social e integradora de la diversidad.
Hoy en día, la Ética Pública no se centra únicamente en la integridad de las personas que trabajan en el servicio público, quienes ejercen representación política e institucional y el personal funcionario… sino que analiza la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de estas personas. Incluye también al sector privado.
Por ejemplo, la corrupción afecta a representantes públicos o funcionarios pero no se puede analizar al margen de la acción de empresas privadas.
Hay además organizaciones privadas que tienen capacidad de influir en las decisiones del sector público, promoviendo cambios en sus políticas, como las ongs o las universidades.