16 julio 2024
Campus Bilbao
El Instituto de Derechos Humanos y el Gobierno Vasco presentaron el 16 de julio, en el marco del curso de verano “Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco”, el informe sobre la injusticia padecida por los funcionarios de prisiones debido a la amenaza de ETA (1980-2011), encargado a la Universidad de Deusto por el departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Informe completo.
Alfredo Jorge Suar Muro, médico de la cárcel de El Puerto de Santamaría, fue asesinado por ETA en 1983, convirtiéndose en la primera víctima mortal vinculada a los centros penitenciarios. Poco después, la banda terrorista emitió un comunicado asumiendo la autoría y extendiendo su amenaza a todo el funcionariado de prisiones.
El informe, presentado por el director del Instituto de Derechos Humanos de Deusto Gorka Urrutia, documenta siete atentados mortales, dos frustrados y el secuestro de José Antonio Ortega Lara, destacando el sufrimiento de los funcionarios de todas las prisiones españolas. La situación se analiza en casi medio centenar de páginas, basadas en entrevistas a una docena de trabajadores de centros penitenciarios del País Vasco.
El informe subraya que los funcionarios de prisiones fueron uno de los colectivos que más sufrió las amenazas de ETA. La intensidad de estas amenazas variaba según el lugar de trabajo, pero en ningún caso dejaron de ser objetivo de la organización terrorista. Esta situación condicionó sus vidas, siendo la amenaza más visible en las tres cárceles vascas. Esta situación supuso una anomalía perversa, ya que conculcó numerosos derechos fundamentales, reconocidos como imperativos, irrenunciables e inalienables por todos los ordenamientos jurídicos democráticos, tanto a nivel local como internacional.
Amenazas directas e indirectas
Los testimonios recogidos en el informe revelan que ser objetivo de ETA implicaba "amenazas directas e indirectas", las cuales, debido a su prolongada acción en el tiempo, dejaron un impacto emocional en forma de estrés permanente o postraumático en la mayoría de estas personas. El documento añade que la afectación sobre quienes integraban y aún integran este colectivo ha conllevado "un peaje en términos de integridad física y moral". A modo de ejemplo, una de las personas entrevistadas relata cómo en 1993 llegó a casa "muy contenta" para contar a su familia que había aprobado la oposición a funcionaria de prisiones, y cómo su padre respondió que les había "desgraciado la vida".
El estudio concluye que todos estos profesionales, sin excepción, vieron gravemente vulnerados sus derechos y fueron víctimas de la amenaza de ETA y todos ellos, sin excepción, merecen "verdad, memoria y reconocimiento". Por lo tanto, es necesario reparar ambos ámbitos (individual y grupal) a través de un proceso en diferentes fases y con elementos comunes. Entre ellos, se apela a la necesidad de consensuar "un relato justo de lo ocurrido que ponga en primer término el sufrimiento injusto padecido por las víctimas, como forma de alcanzar un proceso de empatía con ellas". Además, se subraya la importancia de desarrollar una labor pedagógica y de divulgación de lo sucedido.
